Asistencia lingüística a los ciudadanos en los juicios
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© Kurt Tutschek, Fotolia
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Un ciudadano de los Países Bajos se ve involucrado en un accidente de circulación en Grecia. Un hincha inglés de fútbol es detenido en Italia. En ambos casos, para que tengan un juicio equitativo, resulta necesario que los interesados comprendan los cargos que se les imputen y las pruebas que se aleguen contra ellos. Ello quedará garantizado en lo sucesivo mediante la adopción, efectuada por el Consejo el 7 de octubre, de una Directiva que constituye la primera de una serie de medidas de protección de los derechos de las personas sospechosas y acusadas de delitos penales.
Las personas no pueden ejercer sus derechos de defensa a no ser que comprendan la lengua utilizada durante los interrogatorios policiales y las audiencias judiciales, dispongan de una traducción completa de todos los documentos esenciales y puedan comunicarse con un abogado. La Directiva garantizará que se informe a los acusados de sus derechos procesales, que puedan ejercerlos desde el momento en que afronten una imputación penal en un Estado de la UE, y que pueden comunicarse en una lengua que comprendan.
Este servicio será gratuito para el acusado, puesto que los costes de traducción e interpretación serán sufragados por los Estados miembros, con independencia de la sentencia final del tribunal.
La Directiva, que establece normas comunes en materia de derechos procesales en los procedimientos penales en toda la UE, garantizando el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, servirá también para consolidar la confianza entre las autoridades de los distintos Estados miembros que colaboran en materia penal, incluidas la extradición y la orden europea de detención.
Más información:
Comunicado de prensa
Debate público
Protección de los derechos de los acusados en toda la UE