La mundialización y la crisis financiera están teniendo consecuencias para el empleo en Europa. Para remediar la situación, el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) adoptó, el 21 de octubre último, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros.

Las orientaciones forman parte de un conjunto de medidas encaminadas a hacer avanzar la economía en virtud del programa Europa 2020, la nueva estrategia para crea empleo y lograr un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo a lo largo de la próxima década. Para hacer frente al desempleo estructural y combatir la pobreza y la exclusión social, la UE se centrará, en particular, en aumentar la participación de la fuerza de trabajo, eliminar las barreras al empleo y promover la educación y la formación. En todas las orientaciones se destaca la igualdad de género.

Se prestará especial atención a la integración en el mercado laboral de los jóvenes y las mujeres, los trabajadores de más edad o con cualificaciones bajas y los inmigrantes legales. Deberán impulsarse la movilidad profesional y geográfica y eliminarse los obstáculos para el trabajo autónomo, el espíritu empresarial y la incorporación al mercado laboral. Para potenciar el empleo de las mujeres, habrá de mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, mediante la prestación de una atención asequible y una organización flexible del trabajo.

El nivel de instrucción debe mejorar, reduciendo las tasas de abandono escolar y aumentando el número de diplomados de la enseñanza superior permitiendo el acceso a ella a alumnos no tradicionales. Deben mejorarse los métodos de enseñanza, desde la enseñanza maternal hasta la formación dirigida a los adultos, con el fin de superar el desajuste entre educación y trabajo y asegurar la actualización de conocimientos de la población activa, adquiriendo esta última las cualificaciones y capacidades necesarias en un mercado laboral sujeto a rápidos cambios.

Por último, debe fomentarse la inclusión social y la lucha contra la pobreza para permitir que todos participen en la sociedad y en la economía. Los ciudadanos deben tener acceso a servicios de calidad, asequibles y económicamente viables. Los regímenes de seguridad social deberán atender especialmente a los grupos que corran el mayor riesgo de exclusión social, como las familias monoparentales, las minorías, las personas con discapacidad y las personas sin hogar.

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